PSOE y CHA imponen la Ley de Lenguas que rechazan el PAR y la mayoría de la sociedad aragonesa

El partido socialista logró que su iniciativa legislativa de Ley de Lenguas se aprobase ayer en las Cortes de Aragón con el respaldo de los cuatro diputados de Chunta Aragonesista y la frontal oposición del Partido Aragonés.

Los aragonesistas ya se mostraron contrarios al proyecto inicial que consagra la normalización lingüística del catalán en toda la zona del Aragón Oriental, eliminando así todos los matices y modalidades lingüísticas existentes en favor del catalán normalizado. Desde el punto de vista lingüístico, este planteamiento es una aberración y contribuye a generar una fractura social en un asunto que hasta ahora no ha generado tensiones en localidades que llevan siglos manteniendo vivas unas variantes lingüísticas trasmitidas de padres a hijos.

Sin embargo, lejos de propiciar un acercamiento del texto a posiciones más centradas, la estrategia del Partido Socialista de negociar la ley con la izquierda más extrema, ha derivado en una ley que de facto supone una normalización lingüística encubierta que, si bien no proclama la cooficialidad, sí abre la puerta a una progresiva invasión del catalán, incluso en zonas donde su uso no es predominante en la actualidad.

Las cesiones del Partido Socialista han endurecido un texto que obliga a la administración a contar con servicios de traducción, ya que cualquier ciudadano puede dirigirse a la administración en aragonés y catalán y ésta debe responderle por igual, equipara los derechos de los profesores de aragonés y catalán al del resto de cuerpo de profesorado, crea las cátedras de aragonés y catalán y se crean dos academias de la lengua aragonesa y catalana, en Aragón. Esta es una de las grandes contradicciones de la ley, ya que se contempla la creación de una academia propia de una lengua que se reconoce idéntica a la que regula el Instituto de la Lengua Catalana, controlada políticamente por Ezquerra Republicana de Catalunya.

Otra debilidad de la ley es la ausencia de una memoria económica que resulta necesaria para saber cuánto costarán las academias, la edición de impresos oficiales en las tres lenguas, el servicio de traducción o la producción de contenidos en habla distinta al castellano en los medios de comunicación públicos.

Lejos de resolver un problema, que no existía, esta ley genera una importante fractura social, supone un encarecimiento de la administración y lleva a una catalanización de nuestra comunidad.