Todos los aragoneses tienen los mismos derechos

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Ene 28, 2010 No Comments ›› joseangelbiel

¿Es bueno o malo que los aragoneses que residen fuera de nuestra comunidad y que se sienten todavía vinculados a ella participen activamente en la vida política aragonesa? Esa cuestión es, ni más ni menos, la que proponemos cuando hablamos de permitir el voto en las elecciones autonómicas de los aragoneses que viven fuera de nuestra Comunidad.

Todos los ciudadanos con nacionalidad española, independientemente de donde vivan, pueden votar en las elecciones al Congreso de los Diputados y decidir así quiénes les van a representar. Este sufragio permite que los ciudadanos elijan a aquellos políticos que luego van a legislar sobre materias que les afectan en su vida diaria.

Sin embargo, esto no sucede con los aragoneses que residen fuera de la Comunidad a quienes muchas de las decisiones que se adoptan en las Cortes aragonesas afectan directamente a quehacer diario. Para resolver esta paradoja los aragoneses contamos con un instrumento que no tienen otras Comunidades Autónomas: la singularidad de un derecho civil propio inherente a nuestra condición de aragonés. Nuestros derechos nos acompañan toda la vida, independientemente del lugar donde residamos, siempre, eso sí, que se mantenga la vecindad civil aragonesa. Los que la conservan porque lo han manifestado ante el registro o porque llevan menos de diez años residiendo fuera de la comunidad mantienen esa condición política de ciudadano aragonés.

Pongamos un ejemplo. Un aragonés mantiene su estatus civil de aragonés aunque resida en Lugo. A la hora de hacer testamento se puede acoger a la normativa aragonesa, que puede reportarle muchos beneficios personales. Si las decisiones que adopta el parlamento aragonés en materia de derecho civil (ya van cinco leyes aprobadas y algún proyecto pendiente como la custodia compartida) afectan a su persona, ¿no tiene derecho ese aragonés a poder elegir a sus representantes democráticos? ¿no es incongruente que sí pueda hacerlo un aragonés que viva en Chile, por ejemplo, y no uno que viva en Valencia si a ambos les afecta por igual?

El único requisito necesario sería que ese aragonés mantenga su vecindad civil aragonesa, lo que denota su arraigo con nuestra tierra.

El artículo cuatro de nuestro Estatuto de Autonomía de 2007 define quién ostenta esa condición de aragonés y puede acceder así al derecho de participar en las elecciones. Es un derecho potencial que debe regularse a través de legislación propia y tendría todo el sentido que se hiciera en la futura ley de actualización de los derechos históricos. Ésta es una posibilidad que sólo tienen los aragoneses gracias al actual Estatuto, ya que con el anterior no era posible. Eso explica que planteamientos que se hicieron hace diez años en este mismo sentido no fueran entonces legalmente viables y ahora sí .Es una muestra más de que el actual Estatuto es mucho mejor que el anterior.

Por otra parte, nuestra máxima norma promulga, a través de diferentes artículos, que los poderes públicos deben fomentar la participación de los aragoneses del exterior y desarrollar políticas que favorezcan su regreso y su arraigo, así como su participación en la vida social aragonesa. Es evidente que el mayor mecanismo de participación es la posibilidad de votar en unas elecciones.

Me sorprenden algunas reacciones que ha suscitado este planteamiento en la clase política aragonesa, así como las dudas interpretativas expresadas por algún jurista. Espero que sean consecuencia del desconocimiento de las potencialidades que encierra nuestro Estatuto y no de reticencias a su desarrollo, que es lo mismo que no creer en Aragón. Si Cataluña, por ejemplo, tuviera la posibilidad (que no la tiene) de fomentar la participación democrática de los catalanes que residen fuera de su Comunidad, ¿encontrarían las resistencias que diariamente vemos en Aragón de gran parte de la clase política, de algunos medios de comunicación o de juristas?

A todos ellos les pido que hagan, como hacen los catalanes, que, en caso de duda, la interpretación sea siempre a favor del Estatuto o, lo que es lo mismo, a favor de Aragón. Porque si en casa encontramos ya problemas ¿qué fuerza vamos a tener para negociar ante Madrid?

Vuelvo al inicio del artículo ¿a quién perjudica que los aragoneses que viven fuera de la Comunidad y que se sienten plenamente aragoneses puedan participar democráticamente en la elección de nuestros representantes?

Sólo a alguien que no crea en Aragón.

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