Crisis y recortes

Javier Allué

Por Javier Allué. Portavoz del PAR en las Cortes de Aragón

En una etapa de graves dificultades económicas tan importante es garantizar el gasto social como la arbitrariedad a la hora de decidir los criterios para ejecutar la impopular tarea de aplicar recortes. La primera parte del todo parece tenerla clara el Gobierno de Zapatero; la segunda y más peliaguda, me preocupa mucho. El miércoles, día 10 de febrero, Blanco anunciaba el “tijeretazo” al listado de proyectos de su ministerio “prefiero hacer esperar a una autovía que a un estudiante por su beca o a un parado que necesita un subsidio”, dijo el ministro. Sin duda todos pensamos así, pero olvidó premeditadamente pronunciarse sobre qué infraestructuras sufrirían el tajo o se retrasarían. Esa es la cuestión.

Ahora, la peligrosa situación a la que se expone Aragón no asombra ni a propios ni a extraños. La autovía Cuenca-Teruel o la N-232 me inquietan sobremanera. Reducir el déficit y cumplir con las exigencias de la UE, sí. Castigar a las Autonomías más diezmadas y con escaso poder para revolverse y revocar las decisiones, no. Así las cosas, tenemos que estar vigilantes a los métodos que piense utilizar Fomento para no acabar pagando los platos rotos. Si tenemos que apechugar, hagámoslo cada uno en la medida que corresponda. La generosidad y solidaridad de Aragón a las que se une su debilidad política en Madrid no pueden ni deben ser manejadas en su contra por el Gobierno central. Sería indecente.

Por eso me preocupan los procedimientos que se establezcan teniendo en cuenta el arbitrario tratamiento que viene soportando esta Comunidad Autónoma. Muchos de los derechos de Aragón vienen avalados por el nuevo Estatuto de Autonomía tan válido legalmente como el catalán o el andaluz. Otra cosa es la validez política que los gobernantes de turno en Madrid le quieran dar en función del escenario político, de las fuerzas y presiones parlamentarias. La muestra es reciente. Durante 2009 las Cortes Generales rechazaron todas las iniciativas que planteó Aragón en el Congreso y en el Senado. Ni una sola mejora solicitada para la Comunidad aragonesa fue tomada en consideración. Por contra, las peticiones de otras Comunidades con gran bolsa de votos y representación en las Cortes Generales se convierten en órdenes por el interés electoral/bilateral que reportan. Y todo, aunque se violente el interés general, la razón o los derechos de aquellos territorios privados de representación política estatal. La propia tramitación de los Presupuestos Generales supone un fraude en toda regla, ya que las partidas económicas presupuestadas distan mucho de la ejecución real.

No nos queda otra que hacer frente a las contingencias utilizando las herramientas que tenemos. A finales de 2009 Zaragoza fue escenario de la última Comisión Bilateral con el Estado. Presidida por Biel, con la participación de Chaves, se acordó que el Gobierno de Aragón gestionará la reserva hídrica y evaluará la ejecución de las inversiones previstas en los PGE para proponer fórmulas que tengan como objetivo subsanar las partidas no ejecutadas. Ahora le toca a Chaves cumplir con lo prometido; es decir, desbloquear de inmediato el Estatuto de Aragón. Y a Blanco recortar donde deba, no donde políticamente pueda y quiera.