El interés general de Aragón. Un concepto en el que se debería avanzar

José Ángel Biel y Miguel Ferrer

Estos días en los que tanto se habla de proyectos que son “de interés general de Aragón” conviene repasar en qué consiste este concepto que aparece por primera vez en la preautonomía. En primer lugar, y como definición, interés general es aquello que las instituciones aragonesas determinan que lo es con arreglo a la ley, si bien quien lo declara formalmente es el Gobierno de Aragón.

Pero parece más interesante ahondar en los criterios que el actual Gobierno autónomo emplea para determinar que un proyecto es de interés general para Aragón. Desde luego que el interés general no es la suma de intereses locales o sectoriales. Es algo superior. Al menos así se entiende desde el Gobierno de Aragón. Los proyectos que inciden en el desarrollo económico y social de la Comunidad, los que estructuran el territorio, los que articulan su integridad, los que refuerzan las señas de identidad, esos son proyectos de interés general.

Es evidente que estas finalidades las llevan a cabo las políticas públicas, pero también las iniciativas privadas. ¿Cómo se crea empleo si no es gracias a las empresas y a los empresarios? ¿Cómo vamos a garantizar una economía diversificada si no es a través de iniciativas de todos los sectores? ¿Cómo vamos a afrontar los grandes retos que nos esperan si no es con la cooperación de todos? ¿Cómo garantizar la pluralidad de opciones en la sociedad sin dejarle espacio a los proyectos privados? Por eso se considera que el interés general va más allá de las iniciativas impulsadas desde el Gobierno. A estas alturas de la historia nadie puede discutir que la suma de lo público y lo privado multiplica.