“Justicia y crisis “, por Javier Allué

LA OPINIÓN DE JAVIER ALLUÉ SUS, portavoz del PAR en las Cortes de Aragón

En una etapa de graves dificultades económicas, de incierto futuro de la economía española, de agudizada y engordada  crisis internacional de los mercados y con la credibilidad de España profundamente mermada y vapuleada,  se hacía imprescindible pensar en una toma de decisiones  políticas ajustada y eficaz. No es el caso. Era necesario un plan de ajuste para reducir el déficit, pero no cualquiera. El aprobado por un solo voto de diferencia en el Congreso de los Diputados contiene medidas que no deberían estar y carece de otras que sí debería incluir. Empezar por evaluar con rigor y con criterios de eficacia el gasto público y recortar ministerios dejando en paz las pensiones y a los pensionistas, por ejemplo, hubiera sido una buena y digna manera de ajuste. El asunto es muy serio y su tratamiento merece sensatez, sabiendo que la inestabilidad financiera es la que es, la caída de las bolsas es la que es y la economía mundial está como está. Se hacía necesaria y urgente una política de ajustes seria y pertinente que se ha quedado a medio camino y ha encolerizado a los sectores que injustamente se sienten agredidos.

Los acontecimientos se han precipitado y han sacado a la luz la flaqueza política del Gobierno de Zapatero y la ausencia de una política económica coherente y firme.  Erró Zapatero al querer imponer a los ayuntamientos mediante decreto la prohibición del endeudamiento desde la entrada en vigor de la norma hasta 2012. 24 horas después rectificaba por la presión de los alcaldes y trasladó  el inicio de la prohibición al día 1 de enero de 2011. A nivel autonómico sería entendible el ajuste siempre que a la hora de reducir, retrasar o meter el tijeretazo a las infraestructuras, no acabemos  pagando los territorios con menor peso político en Madrid. Me preocupan los criterios que establezca Zapatero, más si cabe, por  el arbitrario tratamiento que, desde siempre, viene soportando Aragón debido a su debilidad política en las Cortes Generales.  El rechazo a todas las iniciativas que planteadas en el Congreso de los Diputados durante 2009 constituye una prueba determinante. Y ese es un arduo camino que ahora se agrava.

La Presidencia española en la UE durante el primer semestre de este año, parecía que podría aportar “luz” para lograr impulsar la Travesía central, más si cabe  cuando todos los partidos en el Senado habían apoyado una moción presentada por el PAR y transaccionada por el PSOE, PP y ERC para que la TCP se incluyera como una prioridad en los grandes proyectos europeos a partir del 1 de enero aprovechando la Presidencia española. Además, España y Francia habían constituido el primer órgano administrativo conjunto para progresar en el diseño del trazado y elaboración del plan. Sin embargo, posteriormente, PP, PSOE, CIU y PNV la excluyeron en Madrid señalando como imprescindible el eje Mediterráneo. Luego ha venido el plan de ajuste y la austeridad.  Esa es la cuestión.

Reducir el déficit y cumplir con las exigencias de la UE, sí. Castigar a las Autonomías más diezmadas y con escaso poder para revolverse y revocar las decisiones, no. Si tenemos que apechugar, hagámoslo cada uno en la medida que corresponda. La generosidad y solidaridad de Aragón unidas a su escaso peso en Madrid no pueden ni deben ser manejadas en su contra por el Gobierno central ni con crisis ni sin ella. Si Zapatero acabara exigiendo idéntico esfuerzo a las autonomías, su predicada y deteriorada política social se convertiría en un puro espejismo.