La desigualdad de la concertada

José Ángel Biel

En pleno siglo XXI me parece absolutamente anacrónico continuar enfrentando a lo público y a lo privado, y en concreto en el ámbito educativo. Salvo los más recalcitrantes, nadie puede negar el enorme servicio público que presta la educación concertada en Aragón. Miles de aragoneses hemos llevado a nuestros hijos a estudiar en colegios concertados donde han recibido una adecuada educación en conocimientos y en valores. Hoy en día, sin la red de colegios concertados que existe en nuestra
Comunidad, el Gobierno de Aragón no podría garantizar la escolarización de todos los niños aragoneses: en ellos estudian dos de cada cinco alumnos.

Desde su origen religioso los colegios concertados han sabido amoldarse a  los requerimientos que desde la administración se han planteado, adaptando sus enseñanzas, suprimiendo el derecho de admisión de alumnos y acogiendo en sus aulas a escolares de necesidades especiales. En definitiva, ofreciendo lo mismo que ofrece hoy en día la educación pública, por lo que debería tener el mismo tratamiento y reconocimiento de todos los aragoneses.

Hago esta reflexión porque me preocupa el futuro de los centros concertados. Ante las posibles presiones sindicales de la educación pública, los profesores de la concertada en Aragón también van a ver recortados sus salarios. Es cierto que esta medida ha sido adoptada en otras Comunidades Autónomas, pero solo en aquellas que cuentan con un convenio de homologación de salarios y condiciones entre la pública y la privada.

He de decir que personalmente no me parece justo que se recorten los salarios de los profesores de la concertada en la misma medida que los de los educadores de la red pública, porque no cobran lo mismo. Defiendo su homologación y sólo desde ella aplicar las mismas medidas, pero actualmente, además de no cobrar lo mismo, tampoco tienen la misma seguridad ni beneficios laborales, por lo que, en mi opinión, no pueden sufrir el mismo recorte impuesto por el gobierno socialista de Zapatero.

En esta ocasión el recorte se realiza mediante la disminución de una trasferencia de capital a los colegios, lo que abre las dudas de hasta dónde debe llegar el recorte: ¿también a los trabajadores de empresas privadas que prestan servicios públicos o trabajan en edificios públicos, como empresas de seguridad, de limpieza u otros? Me parecería una barbaridad, pero no dejan de ser dudas que plantea la aplicación de una medida improvisada que ahora nos vemos obligados a aplicar los gobiernos autonómicos a los que se nos ha hurtado la capacidad de decidir de dónde queremos o podemos recortar cada uno. No todos los gobiernos están igual de endeudados y no todos tienen la misma capacidad de maniobra.

La educación concertada merece nuestro reconocimiento y que hagamos un esfuerzo en la homologación salarial de su profesorado, incrementemos las subvenciones y permitamos abrir nuevas vías o adecuar las ratios, porque los centros que año tras año tienen más demanda que oferta, son siempre los concertados y limitar la ampliación de vías es cercenar la voluntad de los aragoneses para que puedan elegir libremente el centro en el que quieren educar a sus hijos.

Nuestro partido tiene una responsabilidad limitada a los nueve diputados con los que contamos en las Cortes de Aragón, que han permitido, entre otras cosas, la gratuidad de la educación infantil en centros concertados o la apertura de la Universidad San Jorge, pero hace falta más.