La necesaria supresión de las diputaciones

José Ángel Biel

Desde hace años sostengo que las diputaciones provinciales han perdido su razón de ser. Ahora hay otras voces que lo dicen, incluso el número dos del Partido Socialista, lo cual celebro, y espero que en pocos meses seamos muchos más, incluidos los dirigentes del Partido Popular en Aragón. A todos ellos les recomiendo la lectura detenida del artículo 141.2. de la Constitución Española que dice que “el Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”.

Es decir, la Constitución habla de diputaciones o de otras corporaciones que asuman sus competencias, algo que ya ha sucedido en cinco comunidades autónomas uniprovinciales que, al evitar un nivel administrativo, han reducido el coste del funcionamiento y han optimizado los recursos públicos.

Las diputaciones provinciales se crearon en el siglo XIX para atender a una España rural con malas comunicaciones que dificultaban mucho la organización territorial. Estábamos en un Estado centralista que dirigía todo desde Madrid y que requería de administraciones periféricas para amortiguar sentimientos regionalistas en algunas comunidades bajo una distribución territorial un tanto forzada.

Un siglo más tarde, y en el caso que nos ocupa, o sea Aragón, las tres diputaciones provinciales acuerdan “constituirse en Comunidad Autónoma”. Con la transición, son las diputaciones provinciales las que acuerdan crear eso que se denominó ‘ente preautonómico’, futura Comunidad Autónoma de Aragón. Lógicamente cuando algo decide constituirse en otra cosa renuncia a seguir siendo lo que es y cede sus competencias a aquello en lo que se constituye, de naturaleza superior.

Las competencias ejercidas hasta entonces por las diputaciones se transfirieron y tan sólo preservaron la coordinación de planes y obras de servicio, que, hoy en día solapan las inversiones del Plan Local que impulsa el Gobierno de Aragón en virtud de sus competencias en administración local. Llegados a este extremo, se ha incurrido en el vicio de ejercer competencias que no les son propias para justificar su propia existencia, como la promoción turística, la  política cultural o, incluso, la creación de una realidad territorial ‘espacial’.

Un caso extremo es la Diputación de Zaragoza que gestiona un presupuesto superior a la suma de los que tienen las corporaciones de Huesca y Teruel y  atiende a mucha menor población, ya que, aunque recibe importantes recursos por el elevado número de habitantes de la capital, apenas invierte nada en ella. Sin embargo, ese presupuesto no cubre las necesidades de los pequeños municipios de la provincia.

La crisis económica ha puesto encima de la mesa la necesidad de recortar gasto en la gestión pública y simplificar el entramado administrativo. Es razonable y deseable que las administraciones desempeñemos sólo aquellas competencias que tenemos asignadas. Al igual que el Gobierno central debe amortizar los ministerios de Vivienda, Sanidad y Educación, competencias transferidas a las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales deberían concentrar todos sus recursos en acciones que les son propias, hasta el momento en que desaparezcan definitivamente.

En este sentido, el Gobierno de Aragón no puede hacer dejación de funciones y debe encarar con valentía el artículo 85 de su reciente Estatuto de Autonomía que capacita a las Cortes a aprobar una ley de redistribución de competencias para racionalizar y modernizar la administración pública atendiendo a nuestro singular territorio, reforzando la autonomía local, consolidando el modelo comarcal y adelgazando al máximo las corporaciones locales que carecen de sentido en el siglo XXI.