
Biel, en su intervención con motivo del inicio de la tramitación del Estatuto en el Congreso de los Diputados
A medida que se acercan las elecciones autonómicas del próximo año, iremos viendo como los dos partidos nacionales grandes, que no grandes partidos, entran en una estéril guerra dialéctica sobre el trasvase u otras cuestiones con las que intentarán inhabilitar al otro para gobernar porque “va en contra de los intereses de Aragón”.
Una de las razones, hay muchas, que justifica la presencia del PAR en el gobierno es haber frenado tres proyectos de trasvase en la última década. Los que ahora abogan por la nueva cultura del agua defendieron un trasvase de 1.500 hectómetros cúbicos. Después, los que lo rechazaban, propusieron uno de 1.050 hectómetros. Y ya en esta legislatura, de nuevo los socialistas, propusieron un abastecimiento de emergencia a la ciudad de Barcelona con la peregrina excusa de que la ciudad condal tenía una necesidad que no se podía satisfacer de otra forma. Bastaron dos meses de lluvia para aparcar una obra irracional de peligroso precedente.
El cambio de postura de unos y de otros no se debe a un sesudo debate interno, se debe exclusivamente a la circunstancia de gobernar en Aragón junto al Partido Aragonés, que les ha obligado a rechazar un trasvase que perjudique los intereses de los aragoneses. Este es un hecho irrefutable, la firmeza en nuestra postura antitrasvase ha obligado a cambiar de posición a unos y a otros. Pero no pretendo convertir el debate hidráulico en ese anatema que todo lo tapa y que a menudo impide que se abran nuevos debates.
Hay muchos más ejemplos que ilustran que PP y PSOE, respecto a Aragón, son lo mismo. Paso por alto el maltrato que recibe Aragón cada año en los presupuestos o la demagogia con la que se ha abordado sistemáticamente el asunto de los pasos fronterizos. Voy a centrarme en dos cuestiones más actuales, si cabe.
La primera de ellas es la idéntica posición que ambos mantienen al negarle a Aragón el desarrollo del artículo 108 del Estatuto de Autonomía que nos permite tener un sistema de financiación alternativo o complementario al general que reconozca nuestras singularidades. Los dos partidos lo apoyaron en las Cortes de Aragón, los dos partidos lo apoyaron en las Cortes Generales, pero después los dos niegan a Aragón esa posibilidad al asegurar que “no se pueden consentir más excepcionalidades que las que marca la Constitución”. La Constitución española del 78, la cual voté en el Congreso de los Diputados, para nada habla del modelo de cupo o concierto para Navarra y País Vasco. Fueron sus posteriores estatutos de autonomía los que consagraron ese privilegio de financiación que propicia más oportunidades de desarrollo para sus empresas y para sus habitantes. De ahí que el PNV siempre se opusiera a que Aragón pudiera tener, como tiene, “derechos históricos” recogidos en su Estatuto, porque eso le abre la puerta a privilegios que se han concedido a pueblos con menos historia que la nuestra.
Nosotros planteamos un modelo de financiación solidario que, a diferencia del cupo y el concierto, sí contempla una aportación al fondo de solidaridad del Estado, pero exigimos que la financiación que reciba Aragón sea justa, acorde al enorme esfuerzo fiscal que hace, a sus singularidades territoriales y poblacionales que encarecen los servicios y que tenga en cuenta los derechos históricos.
Por último, hace pocos días pudimos ver como PP y PSOE, votaban juntos en contra de una proposición que pretendía vaciar de contenidos las diputaciones provinciales, una institución anacrónica, creada en el siglo XIX, que ha perdido su función y tan sólo genera complicaciones en el entramado administrativo y más gasto público.
Aragón cuenta con 525 municipios de menos de 500 habitantes, una realidad territorial muy compleja a la que pretende dar solución un modelo nuevo, nacido del consenso de todos los grupos políticos, más cercano en la toma de decisiones y que se ha convertido en referencia para muchas regiones con problemas de despoblación como la nuestra.
La comarcalización es un sistema de gestión que ha mejorado la prestación de servicios como medio ambiente, juventud o servicios sociales. Ahora es el momento de reforzar ese modelo aligerando otras instituciones que han perdido su razón de ser, pero, de nuevo, volvemos a ver que PP y PSOE tienen los mismos intereses, que una vez más no coinciden con los de Aragón.