Sin el copago, la sanidad pública es insostenible

José Ángel Biel

Hace años que reclamo un debate sosegado sobre la financiación de algunos servicios públicos. Debate que ahora parece más justificado por el necesario reajuste del gasto de las administraciones públicas.

De entrada, siempre he defendido que tratar por igual a los desiguales es la mayor injusticia que existe, por eso no comparto la generalización de servicios públicos gratuitos sin tener en cuenta las posibilidades económicas de una familia. No me parece justo que los hijos de una familia cuyos ingresos superan los cien mil euros anuales, por ejemplo, tengan  acceso a los libros escolares sin cargo como los tiene una familia cuyos ingresos son de 20.000, porque la primera puede pagarlos y a la segunda le supone un gran esfuerzo.

Son planteamientos que en épocas de vacas gordas, como las que hemos vivido recientemente, podían asumirse y generalizarse, pero no en épocas de vacas flacas, en las que es necesario ajustar el gasto. Hace tiempo que sostengo que es necesario aprovechar una buena crisis (por sus dimensiones, no por su bondad) para hacer cosas que en otros momentos no nos atreveríamos a hacer. Y quizá una de las cuestiones de mayor calado que hay que abordar sea la revisión de la financiación del sistema sanitario y la implantación del copago.

No se trata de lograr grandes ingresos si no de evitar los abusos que todos conocemos y que colapsan las consultas, las urgencias y que obligan a gastar importantes cantidades en pruebas clínicas.

Los defensores del obsoleto sistema actual de la sanidad pública argumentan que pondría en riesgo la universalización del servicio, pero nadie está pidiendo una privatización del Sistema Nacional de Salud, al menos yo no lo pido. Lo que defiendo es un modelo en el que el usuario afronte un porcentaje de los gastos que genera, siempre acorde a su capacidad económica.

Lo mismo sucede con el coste farmacéutico, que el año pasado creció casi un 5% en Aragón alcanzando la cifra de 410 millones de euros.  Un ciudadano suele afrontar un porcentaje pequeño del coste del medicamento hasta que se jubila. A partir de ese momento  no abona los medicamentos, sin tener en cuenta sus circunstancias. Hay muchos jubilados que pueden afrontar un porcentaje del coste de un medicamento, porcentaje que puede ser variable en función de su disponibilidad económica.

La ministra Jiménez aboga por enviarle una ‘factura en sombra’ a los pacientes para que conozcan el gasto que tiene el tratamiento al que han sido sometidos, pero confío poco en que esta medida disuada a muchos españoles de seguir abusando del sistema. Hay que apostar por medidas valientes, porque en un Estado con un sistema de pensiones insostenible a largo plazo, que soporta un 20% de desempleo y padece un creciente gasto sanitario hay que tomar medidas valientes. Para que se hagan una idea: Aragón es una de las comunidades que más dinero destina a sanidad, cerca de 2.000 millones de euros anuales, lo que supone la nada despreciable cifra de 1.500 euros por aragonés. Este debate, el del copago, no es un debate nuevo. este asunto ya se ha planteado por comunidades autónomas de diferente signo político.

En contra de lo que algunos plantean, el copago no es una medida que corresponda tomar a las comunidades autónomas, pese a que somos las que prestamos el servicio sanitario que acapara la tercera parte de nuestro presupuesto. Las comunidades no tenemos la capacidad legislativa para regular este asunto.

Se trata de una medida que debe adoptarse a nivel nacional y que supone uno de los pactos a los que PSOE y PP han demostrado ser incapaces de llegar. Pero para evitar que alguien piense que tratamos de tirar balones fuera y trasladar la responsabilidad a otros, desde aquí apunto algunas medidas que no son pruebas, son ideas ya implantadas en otros países de nuestro entorno y que aportan recursos que oscilan entre el 10% y el 25% del gasto sanitario del país. Eso en Aragón supondría entre 200 y 500 millones de euros, aunque, insisto, que más que el ánimo recaudatorio lo verdaderamente necesario es concienciar al ciudadano y restar presión al sistema que se encuentra saturado. De hecho, España tiene un presión asistencial en los servicios sanitarios de asistencia primaria un 40% superior a los paises citados, sin que pueda considerarse que los españoles somos más enfermizos.

En Francia, los usuarios pagan el 30% del coste de una consulta, con un máximo de 50 euros al año. Y pagan un porcentaje algo menor en pruebas y hospitalización.
 
Italia grava más las pruebas médicas, con un límite de 31 euros para las rentas bajas y ofrece gratis la asistencia primaria.

En Alemania los pacientes abonan diez euros por la primera consulta en un trimestre o por cada día que permanezcan hospitalizados, con un máximo de 28 días.

En Suecia, paradigma del estado del bienestar, las urgencias se cobran a 22 euros, el día hospitalizado a nueve y la consulta al médico de familia entre 11 y 22 en función de los ingresos familiares.

Al igual que sucede en Bélgica donde la aportación al sistema sanitario depende de los ingresos y oscila entre el 8% y el 30% del coste. La hospitalización se cobra a 34 euros diarios, que se reducen a 12 para ingresos de larga estancia.
 
Se trata de países de nuestro entorno, no vamos a hablar del deficiente sistema de Estados Unidos, por ejemplo. Son países con problemas análogos a los nuestros, pero con más porcentaje de ocupación, lo que les garantiza más ingresos por el sistema de recaudación tributaria habitual.

Existe un amplio abanico de posibilidades pero todas incluyen el copago de servicios y medidas que compensen al paciente que realmente requiere la protección del sistema, bien porque dispone de menos recursos económicos, bien porque padece una enfermedad de larga duración.