La defensa del Estatuto de Aragón

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Feb 11, 2011 No Comments ›› joseangelbiel

EstatutoCon anterioridad a las movilizaciones autonomistas de los años noventa el Partido Aragonés ha reivindicado el autogobierno como un instrumento decisivo para el progreso de Aragón y para la defensa de los derechos de los aragoneses, siempre en el marco constitucional de no discriminación entre territorios del Estado. La Constitución Española y el Estatuto de Aragón han sido y son las herramientas jurídicas para conseguirlo.

El PAR ha apoyado firmemente las sucesivas reformas del Estatuto de Autonomía con las que se ha logrado consolidar el autogobierno. Esto ha permitido a la comunidad aragonesa poner en marcha proyectos muy importantes para el desarrollo de Aragón, algo que sin autonomía no hubiera sido posible.

Los partidos de ámbito nacional culpan sistemáticamente a las Autonomías de la crisis que sufre el país.  Lo último, ha sido proponer un límite de gasto a las Autonomías para salir de la crisis, cuando es el Estado el que debería revisar sus cuentas y rebajar o eliminar la administración de prestaciones que gestionan las autonomías como sanidad, educación o servicios sociales. Desde el PAR rechazamos con firmeza estos ataques radicales contra el modelo autonómico.

El principal objetivo del PAR ha sido y es desarrollar el Estatuto de Aragón de forma rápida y eficaz para que los aragoneses se beneficien cuanto antes de sus atribuciones. Pero lamentablemente, el Estado entiende los Estatutos de Autonomía como moneda de cambio y prefiere desarrollar los Estatutos de aquellas comunidades con mayor peso político en Madrid. Recientemente, el Estado ha transferido importantes competencias a País Vasco y a Canarias a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

El Estatuto ha permitido iniciar relaciones bilaterales con el Estado para negociar asuntos tan importantes para Aragón como un modelo de financiación propio, la gestión de la reserva hídrica del Ebro de 6.550 hm3 que proteja las necesidades presentes y futuras de agua de Aragón, la firma de convenios con el Estado para ejecución de obras de interés general o las inversiones prioritarias del Estado en nuestra comunidad. Pero después de tres reuniones bilaterales con el Estado todas estas reivindicaciones continúan atascadas. Lo que el Estatuto ofrece a los aragoneses el Estado lo niega y, sin embargo, lo concede a otros territorios.

Igualmente, poco o nada se ha avanzado en el traspaso de competencias. El Estatuto reconoce que Aragón ostenta la condición de Administración ordinaria, lo que exige que se avance en el traspaso de aquellas competencias ejecutivas que todavía son realizadas por el Estado como la inspección de trabajo, la gestión de aeropuertos, que no sean de interés estatal, o los permisos de trabajo de los inmigrantes.

Los aragoneses ganan con el Estatuto si existe voluntad política para su desarrollo. Esta voluntad negociadora sí que ha permitido firmar importantes convenios de colaboración entre la mayoría de las comunidades autónomas, al margen del Gobierno central, con la finalidad de coordinar las competencias comunes. Gracias a este modelo de cooperación horizontal, impulsado por la Vicepresidencia, se han logrado acuerdos en materia de protección de mujeres maltratadas, salud, caza y pesca, extinción de incendios, etc.

El Estatuto de Aragón es uno de los más avanzados de España y mantiene las reformas de los anteriores textos como la posibilidad de que Aragón recupere sus derechos históricos, abolidos por los Decretos de Nueva Planta, sus órganos políticos, su régimen fiscal o la capacidad de hacer leyes civiles. El texto incorpora la creación de los Decretos-Leyes o “leyes urgentes” que han mejorado la vida de los ciudadanos dando una respuesta más rápida a sus problemas. Igualmente, ha supuesto más derechos para los aragoneses, al incorporar un catálogo de derechos que amplía los reconocidos por la Constitución y por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En definitiva, el grado de autogobierno que otorga el Estatuto de 2007 es similar a otros como el Estatut catalán y equipara a Aragón con las comunidades más avanzadas del Estado.

La Autonomía lo hace posible

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