Con el objetivo de mejorar el desarrollo y la vertebración del territorio de Aragón, el Partido Aragonés impulsó la comarcalización, un nuevo modelo de organización territorial amparado por la Constitución y recogido en el Estatuto, que fue aprobado con el consenso de todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón.
Al desequilibrio territorial de Aragón y al bajo nivel de población en el medio rural (de los 731 municipios aragoneses 526 tienen menos de 500 habitantes) hay que añadir la mala accesibilidad de muchas de sus áreas geográficas, factores que contribuyen a la existencia de desigualdades socioeconómicas en el territorio.
Por su funcionalidad, su adaptación al territorio, su cercanía y su idoneidad para la organización de muchos servicios, la comarcalización es el medio más adecuado para complementar o subsanar las carencias municipales y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
Las comarcas son prestadoras de servicios. Entre sus competencias cabe destacar la de acción social que presta servicios de atención a personas mayores, como ayuda a domicilio y residencias; ayudas de urgente necesidad, especialmente a mujeres víctimas de violencia doméstica; ayudas de emergencia social que faciliten la cobertura de las necesidades sociales básicas y atención a menores en situación de conflicto familiar, entre otras. Además las comarcas tienen competencias en materias de protección civil, turismo, deporte, juventud, residuos, cultura y patrimonio cultural y tradiciones populares.
A pesar de la importancia que tiene para el medio rural la prestación de estos servicios, el presupuesto de las comarcas no se ha incrementado en los últimos ocho años.
Las comarcas no duplican servicios. Las comarcas hacen lo que la Comunidad Autónoma ha dejado de hacer y cuando se produce alguna duplicidad de servicios son otras entidades locales, como las diputaciones provinciales, las que duplican el servicio que da la institución comarcal.
Precisamente, racionalizar el gasto público y evitar duplicidades y disfunciones en la prestación de servicios, es el objetivo de la proposición de ley que presentó el PAR en las Cortes el pasado mes de noviembre. Esta propuesta no elimina la provincia como se ha dicho sino que permite la supresión de su órgano de gobierno que es la Diputación Provincial como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas.
Las diputaciones provinciales tienen que dejar de prestar servicios y ejercer competencias que no les son propias porque lo que están haciendo es detraer recursos de sus verdaderas competencias privando a los pequeños pueblos de unas partidas muy necesarias para subsistir. Han perdido su razón de ser y no han logrado la vertebración territorial que si han conseguido las comarcas por su cercanía.
Es un error pensar que las comarcas están burocratizadas. El 85% de los trabajadores de las comarcas se dedica a la prestación de servicios y el 15% restante a cuestiones de carácter general. El desconocimiento o quizá el interés ha llevado a algunos a criticar el elevado gasto corriente de las comarcas. Efectivamente, la mayor parte del presupuesto de las comarcas es para gasto corriente en el que está incluido el gasto del personal que presta estos servicios. Las comarcas son prestadoras de servicios y no realizan inversiones como otras administraciones.
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