El estudio de evaluación de carreteras más importante del mundo, el EuroRAP, dice que las carreteras estatales aragonesas son las más peligrosas de España. Tan sólo en la provincia de Zaragoza existen tres de los diez tramos con más riesgo de accidentalidad del país. Si a esto le añadimos que Aragón fue la cuarta comunidad española en número de víctimas mortales por accidentes de carretera, es evidente que algo no se está haciendo bien.
Reducir la alta siniestralidad de estas carreteras de competencia estatal, especialmente la NII y la N232, se ha convertido desde hace años en una de las reivindicaciones que el Partido Aragonés ha venido realizando al Estado. Sin embargo, Fomento no sólo no ha ignorado sistemáticamente la inversión en estas carreteras, sino que además ha incumplido sus promesas, Fomento se comprometió en 2004 a incluir en el plan estratégico de infraestructuras el desdoblamiento de la N-232. Por otro lado, el Estado tampoco ha traspasado la gestión del servicio de mantenimiento de las carreteras estatales que discurren por Aragón, una reivindicación más a la que no renunciamos y que supondría una sustancial mejora en este servicio.
Al margen de estas infructuosas reivindicaciones al Gobierno central, desde el Partido Aragonés hemos trabajado para mejorar la seguridad vial de las carreteras autonómicas, ahí está el desarrollo de una de las actuaciones en infraestructuras más importantes de cuantas se han realizado en Aragón: el Plan Red de Carreteras. Gracias a este Plan se mejorarán 2.500 kilómetros de carreteras de la red autonómica, se invertirán 638 millones de euros y se crearán más de 10.000 empleos en los próximos tres años.
Este ambicioso Plan ha sido posible a un modelo de gestión que el PAR viene defendiendo desde hace tiempo, la colaboración publico-privada. Este modelo reduce la incertidumbre en la ejecución del contrato, permite anticipar las inversiones y acomodar la propia inversión a la realidad y, en este caso, a las necesidades de la red autonómica de carreteras.
El Plan Red se ejecutará a través de los correspondientes contratos de concesión. La empresa diseñará, construirá, financiará y mantendrá la infraestructura hasta el año 2048. A cambio, recibirá de la Administración un pago periódico en función de la disponibilidad de la infraestructura. El Gobierno de Aragón siempre mantendrá la titularidad de la carretera y su inspección.
En diciembre de 2010 se han adjudicado de forma provisional las obras a ocho grupos empresariales formados por más de 30 empresas, casi 20 de ellas son aragonesas.
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