El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha reclamado hoy el cumplimiento de los acuerdos adoptados ahora hace año y medio entre el Gobierno de Aragón y el gobierno socialista en España para que Aragón pueda asumir la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que el Estatuto de Autonomía de Aragón prevé en su disposición adicional tercera, en términos similares a como Andalucía gestiona el Guadalquivir. Desde el Partido Aragonés se ha querido explicar que el Tribunal Constitucional anuló algunos preceptos competenciales a Andalucía pero no los relativos a la gestión del agua y que puede realizarse mediante una encomienda de gestión sin alterar la ley de Aguas porque ni rompe el criterio de unidad de cuenca ni condiciona el uso en otras comunidades. “Hay que diferenciar entre la gestión y la planificación, que puede ser realizada por un órgano coordinador de toda la cuenca, sin alterar el principio de cuenca” ha reiterado en varias ocasiones el candidato Biel. De hecho, existen numerosos precedentes en la Unión Europea en los que hay diversos gestores de concesiones en una misma cuenca hidrográfica, tal y como se exponía en la justificación de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón que el Partido Aragonés presentó hace unos meses en las Cortes de Aragón. Pero ni populares ni socialistas respaldaron un texto que supondría “el fin del debate del trasvase en Aragón, porque garantizaría las necesidades actuales y futuras de los aragoneses” ha señalado el presidente del PAR. Llama la atención la oposición a estos planteamientos de los populares que fueron quienes propusieron la inclusión de dicha disposición adicional estatutaria.
Como antecedentes a esta situación, también hay que recordar las concesiones en precario que otorga la administración catalana competente en materia de aguas sobre derechos administrativos en la misma cuenca del Ebro y los intentos permanentes de esta comunidad por fijar unos caudales mínimos en el Delta que sí condicionan el comportamiento del resto de la cuenca.
El candidato a la Presidencia ha recordado que la tramitación de esta iniciativa legislativa es uno de los condicionantes que fijó el XIII Congreso extraordinario del Partido Aragonés el pasado mes de marzo por lo que supone “una cuestión de obligado cumplimiento para este candidato y de asunción para aquellos que quieran hablar con nosotros tras el 22 de mayo para conformar gobierno en Aragón”.
Trasvase y pacto del agua
En el acto de calle celebrado hoy en Zaragoza ha participado también el vicepresidente aragonesista y candidato a las Cortes de Aragón pro Zaragoza, Alfredo Boné quien ha defendido la posición de “frontal rechazo al trasvase del Ebro” por parte del Partido Aragonés desde su momento fundacional hasta la actualidad. “Lo que hace que el Gobierno de Aragón sea contrario al trasvase es la posición y presencia del PAR en el ejecutivo, no el resto de partidos” ha señalado. Cabe recordar que tanto socialistas como populares han propuesto hasta cinco proyectos fallidos de trasvase, en función de cuando gobiernan en el ejecutivo central y que “la amenaza del trasvase seguirá presente hasta que Aragón asuma la gestión de la reserva, lo que hace imposible cualquier trasvase” ha apuntado Biel. “los aragoneses deberíamos tener la misma fuerza en reclamar la gestión de la reserva que la que hemos mostrado en rechazar el trasvase”.
La formación ha recordado que el presidente valenciano, Francisco Camps, cifró recientemente en medio millón de empleos los que aspira crear en el levante español con el agua trasvasada del Ebro. “¿vamos a permitir que se trasvase el desarrollo de la comunidad autónoma a otras zonas de España cuando se le niega esa opción a Aragón?” se ha preguntado Biel.
Boné ha recordado también el crónico retraso de las obras del pacto del agua, documento que fue aprobado hace “casi veinte años y del que la mitad de las 131 obras ni si quiera han comenzado” tras años de alternancia de socialistas y populares en el gobierno central pese al esfuerzo sin precedentes por alcanzar consensos gracias al trabajo de la Comisión del Agua de Aragón.
Aragón necesita 2.000 millones de euros para finalizar las obras pendientes del Pacto del Agua y garantizar así la reserva estratégica, una cantidad que supone la tercera parte de lo que el Ministerio de Fomento invirtió en la Terminal cuatro de Barajas.
Después de treinta años de sucesivos gobiernos socialistas y populares y con una ejecución presupuestaria que no alcanza el 20% en los compromisos del Ministerio de Medio Ambiente con Aragón, el PAR defiende que es necesario “un cambio de modelo porque es evidente que éste no ha funcionado” y han reclamado esta mañana convenios para la ejecución de dichas obras por parte de la comunidad autónoma y financiadas por el ministerio a través de convenios bilaterales, previstos igualmente en el acuerdo incumplido por los socialistas hace año y medio y que abría una puerta con las balsas del Matarraña. Como ejemplo de que este sistema es mucho más ágil, Boné ha expuesto la celeridad con la que comenzado las obras del plan de depuración de aguas en el Pirineo que acumulaba décadas de retraso en el ministerio.
La capacidad de gestión de Aragón en proyectos y servicios que han sido responsabilidad del Estado y que han sido transferidos ha quedado más que acreditada, con ejemplos como el Plan Integral de Depuración de los Pirineos o la transferencia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Boné ha recordado que “cuando hay voluntad política, hay muchas fórmulas para conseguir que una Comunidad Autónoma gestione materias que viene ejerciendo el Estado, y allí están los ejemplos de Cataluña o Andalucía en materia de aguas”.
Boné ha destacado que “Aragón está en el mapa del mundo gracias a su liderazgo internacional en la gestión del agua y el medio ambiente, tenemos la capacidad, la experiencia y el derecho de conseguir competencias plenas en agua, y no reblaremos en el camino”.
El PAR ha denunciado que sin competencias en agua no podemos gestionar con plena autonomía la agricultura, la economía, el medio ambiente, la industria, el turismo o el territorio. Y esas competencias deben traducirse en un peso específico decisivo en la planificación hidráulica estatal y en todos los órganos de gestión, desde el respeto a la planificación global concertada y la unidad de cuenca. También se reivindica que los caudales ecológicos se fijen mediante el acuerdo entre Aragón y el Estado, y que la Comunidad Autónoma sea quien realice las concesiones de caudales, así como el control sobre los vertidos. “Sólo así podremos garantizar agua en cantidad y calidad suficiente para ganar el reto del desarrollo sostenible, la vertebración del territorio y la calidad de vida de todos los aragoneses”, concluye Boné.
Biel y la reserva hídrica
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Boné y las depuradoras del Pirineo
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Boné y el trasvase
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