Durante los últimos días asistimos a una nueva crisis del carbón, la enésima, que evidencia la falta de resolución de un problema latente desde hace dos décadas y al que los sucesivos gobiernos no han sido capaces de darle solución.
No por esperados, los recortes del Ministerio de Fomento con Aragón han dejado de ser una pésima noticia para nuestra Comunidad. Una vez más constatamos el poco peso político que tenemos en Madrid y eso nos debería llevar a una primera reflexión: ¿Dónde están los trece diputados aragoneses que representan a nuestra Comunidad en el Congreso?
En los últimos días anda muy agitada la izquierda más radical de nuestra comunidad. No sé si se debe a la incomodidad de convocar una huelga general a sus propios compañeros, a la falta de conexión con los verdaderos trabajadores o a la falta de propuestas concretas para salir de la crisis.
El debate sobre el estado de la nación protagonizado por Zapatero y Rajoy constató ayer que nos encontramos ante un ciclo agotado. Pudimos ver a un presidente del gobierno que ha renunciado a sus principios y que se ha visto obligado a proponer medidas en las que posiblemente ni él mismo cree. No propuso nada nuevo, no generó ninguna ilusión, no ofreció una imagen de liderazgo capaz de sacar a este país de la mayor crisis económica de las últimas décadas.
Hace años que reclamo un debate sosegado sobre la financiación de algunos servicios públicos. Debate que ahora parece más justificado por el necesario reajuste del gasto de las administraciones públicas.
De entrada, siempre he defendido que tratar por igual a los desiguales es la mayor injusticia que existe, por eso no comparto la generalización de servicios públicos gratuitos sin tener en cuenta las posibilidades económicas de una familia. No me parece justo que los hijos de una familia cuyos ingresos superan los cien mil euros anuales, por ejemplo, tengan acceso a los libros escolares sin cargo como los tiene una familia cuyos ingresos son de 20.000, porque la primera puede pagarlos y a la segunda le supone un gran esfuerzo.
A partir de mañana la vida será un poco más cara. La subida de dos puntos en el IVA va a permitir reducir un poco el déficit público, con un efecto inmediato de mayor recaudación, aunque no será proporcional a la subida porque todos los expertos coinciden en que, al menos durante un trimestre, el incremento de precio acarreará una disminución del consumo y, en consecuencia, de los ingresos impositivos.
Cuatro años después y tras cientos de artículos escritos por personas que no habían leído el Estatut de Cataluña, ya tenemos sentencia. Ahora los mismos comentaristas harán profundos análisis sin haber leído todavía el fallo del Constitucional. La verdad es que pocos asuntos hay sobre los que los españoles tengamos una idea formada sin conocer absolutamente nada sobre su contenido. Pero es consecuencia de estas dos Españas que vivimos, tan mediatizadas, en las que se banalizan los asuntos y se establecen debates tan acalorados como estériles.
A medida que se acercan las elecciones autonómicas del próximo año, iremos viendo como los dos partidos nacionales grandes, que no grandes partidos, entran en una estéril guerra dialéctica sobre el trasvase u otras cuestiones con las que intentarán inhabilitar al otro para gobernar porque “va en contra de los intereses de Aragón”.
Es un avance, pequeño, pero, al fin y al cabo, un avance. Desde hace meses, somos muchos los españoles que venimos reclamando a los dos partidos grandes (en número de militantes) que sean responsables con la crisis que estamos viviendo y que aparquen sus intereses partidistas para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad. Uno de los pactos que creo es fundamentales es el energético, puesto que la demanda sigue creciendo y no parece que el programa de ahorro consistente en repartir bombillas de bajo consumo a cada español que se inventó el ministro Sebastián haya funcionado.
Televisión Española sigue sin rectificar. Hace unos meses, cuando se descubrieron los restos del monarca Pedro III el Grande, el informativo del ente público denominó a este soberano ‘Pere II de la corona catalanoaragonesa’. Ahora el director de RTVE, Alberto Oliart reitera su negativa a rectificar y a pedir disculpas por este hecho.
